El pasado 22 de julio de 2020, el Gobierno Federal anunció la presentación ante el Congreso de la Unión de una iniciativa para reformar el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, con la finalidad de mejorar el Sistema de Pensiones y bajo el cual actualmente operan las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).
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Las tres principales modificaciones sustanciales que estimamos se destacarán en la referencia iniciativa son:
- Aumentar las aportaciones tripartitas (patrón, trabajador y gobierno) al ahorro para el retiro de los trabajadores que actualmente es de 6.5% para pasar gradualmente a 15% en un periodo de 8 años. En el caso del patrón, la aportación se incrementaría hasta 13.87% (actualmente es de 5.15%)
- Se reducirían temporalmente de 1,250 semanas a 750 semanas de cotización para jubilarse y obtener una pensión mínima garantizada a una edad de 60 años, aumentando el número de semanas hasta llegar a un mínimo de 1,000 semanas en 10 años. Al disminuir a 750 semanas de cotización se incrementaría la pensión mínima garantizada que actualmente es de MXN $3,289.00 aproximadamente para pasar a MXN $4,345.00 aproximadamente.
- Las AFORES deberán reducir paulatinamente sus comisiones por la administración de las aportaciones al ahorro para el retiro de los trabajadores. El régimen de las AFORES sería modificado para diversificar los riesgos y permitir su participación en proyectos de inversión (i.e. infraestructura).
Observamos que, si bien reducir las semanas necesarias de cotización ampliaría el acceso de dicha prestación a más trabajadores, también podría implicar la posibilidad de que obtengan una pensión baja, además de desincentivar el ahorro voluntario, el cual de por sí es escaso.
Por otra parte, aumentar las cuotas patronales evidentemente incrementaría el ahorro para el retiro en menor tiempo; sin embargo, consideramos que se provocarían consecuencias importantes en el mercado laboral, pues con dicho aumento eventualmente se encarecería el trabajo, se afectaría el empleo formal con menos incrementos salariales, o bien, se crearían menos empleos y, consecuentemente, repercutiría en el crecimiento económico del país.
Estimamos que una reforma al Sistema actual de Pensiones implicaría una carga considerable para el Estado, pues invariablemente debería prever una prudente programación y planeación financiera que evite que las finanzas públicas del país se ubiquen en una situación que no puedan soportar tanto a corto como a largo plazo, ya que una reforma de tal magnitud tendría un efecto inmediato en los trabajadores próximos a jubilarse, así como en aquellos que se jubilen en años subsecuentes.
Estamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.
CDMX a, 27 de julio de 2020
